La Resiliencia de la Sociedad Civil y el Aprendizaje Político – Por Esteban Ángeles Cerón (RRC)

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La herida social que han dejado los sismos en México ha cimbrado la conciencia ciudadana. Nuevamente, el tejido social da una lección de madurez y evidencia la incapacidad de resiliencia ante el desastre, la tragedia y la conmoción frente a la adversidad.

La capacidad sistémica no estriba en preservar inalterables las instituciones formales y reales, sino en nutrir su desarrollo desde el acuerdo, el disenso y la sinergia social.

La vértebra histórica que llamamos memoria colectiva, muestra que los pueblos deben adaptarse a las circunstancias y necesidades sociales para reestructurar el orden sistémico, generar oportunidades, y abrir un portal cívico a las lecciones y aprendizajes del pasado.

La cultura de la participación ciudadana y el aprendizaje frente al desastre natural, son productos de una coyuntura que ha prescrito que nada supera la unidad nacional en momentos adversos; y que la vitalidad gubernamental no puede basarse en un impase catártico ante la tragedia, sino que debe edificarse en la inteligencia activa y decisoria de la sociedad civil y la sociedad política.

En este trazo donde el escenario social hoy nos alecciona, es necesario y prudente anticiparse a la realidad. El Presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido y puesto en perspectiva una verdad indiscutible: las instituciones y la sociedad civil deben establecer una nueva relación que fortalezca la respuesta del Estado, “…ojalá que esta vez aprendamos la lección: la ciudadanía organizada puede hacer una gran diferencia para impulsar cambios en el quehacer gubernamental. La parte institucional es la que tiene el mandato para impulsar esos cambios. Esperamos que lo haga de la mejor manera y que la sociedad esté cerca para documentarlo, evidenciarlo y, en su caso, aplaudirlo o criticarlo…”.

Este reconocimiento del Presidente Peña Nieto es producto de una prospectiva de la cultura sísmica y debe ser el puente para que esta dolorosa lección histórica, permita que la cultura política y la transversalidad del compromiso institucional, genere calidad de vida y bienestar comunitario; equidad de respuesta social ante la contingencia; impulso de la participación corresponsable en la toma de decisiones ante el desastre de manera abierta, libre y plural; fomento de la acción ciudadana como estímulo de fraternidad social en la gestión de riesgos naturales; e inteligencia administrativa y económica de los recursos.

Elementos todos de la cultura sísmica, cuya génesis, la cultura de la participación ciudadana debe fortalecerse como virtud de unión de la sociedad con el Estado, para que, así como el sismo cimbró la tierra y la conciencia de la sociedad civil, cimbre el cambio político y sacuda el anquilosamiento que nos amenaza.

Nuestra adversidad impone aprendizaje y esfuerzo para conjuntar inteligencia institucional con inteligencia social, resarcir nuestros errores y plantear la innovación sociopolítica que permita crear ventajas competitivas como Nación ante los desastres naturales.

Hemos visto a lo largo de nuestra historia que no somos un pueblo resiliente porque nuestra cultura política es vertical y maniquea; que el adjetivo “social” de nuestro Contrato Social, se ha convertido en un “sustantivo” que pone énfasis en el contrato, pero su parte medular, lo social, ha pasado a ser letra muerta o epitafio de la inconciencia; y que no tenemos capacidad de autocrítica y preferimos la mordaza, la simulación y el conformismo, creadores del verdadero desastre que enfrenta nuestra sociedad: ignorancia, apatía e inmovilismo político.

¿De qué habrá servido el sismo, si no fue capaz de sacudir la conciencia social?

Reconocemos el avance significativo de la sociedad civil y de las estructuras del Estado ante el desastre. Los ejemplos de dignidad humana se multiplican y el heroísmo ciudadano aparece como el matiz que ilumina la patria, pero la tarea político-social es más compleja que esto.

No podemos permitir que la patria pierda el rumbo. No existen metas inalcanzables en el desarrollo humano. La ciudadanía reclama la reestructuración institucional para corregir la inoperancia del Estado, que refleja esfuerzos inconexos y objetivos extraviados, que son la sustancia del fracaso.

Es necesario plantear el cambio de la cultura política y social. Ello implica construir una sociedad capaz, competente para el desarrollo; inteligente e innovadora, aleccionada y aleccionadora, para crear estructuras institucionales, comunitarias y vecinales con rostro humano, que hagan del capital social, el producto estratégico del desarrollo humano del Estado.

No basta con mitigar el dolor social y hacer de la catarsis del momento, el referente y excusa para que la amnesia política siga siendo la constante en nuestras vidas.

No podemos ante un futuro desastre natural seguir hablando del valor de la sociedad civil, de los héroes anónimos o de la respuesta del Estado. No debemos transitar esta amarga experiencia sin haber aprendido la lección.

Esta encrucijada histórica es un libro que tiene varias páginas. La portada tiene el rostro de un pueblo devastado por el desastre político, que mantiene en vilo a la Nación. La introducción señala que la institucionalidad vigente no puede seguir en su marasmo y disfuncionalidad; que la administración pública debe ser pública, estar en corresponsabilidad decisoria con la sociedad civil, en un modelo gubernamental cuya horizontalidad no pierda el poder valórico de la soberanía del pueblo; y el contenido muestra con claridad que la sociedad civil no es un párvulo, sino un tejido maduro cuya soberanía política no ha sido encauzada y requiere ser el actor clave y protagónico del poder del Estado, porque es su esencia y su espíritu.

Las conclusiones son expresas, requerimos aprender de nuestro pasado para que la institucionalidad florezca con el concurso de todos los actores que edifican el Estado, y entender que el gobierno lo hacen ciudadanos y es para y por los ciudadanos. Esta es la primera dimensión del cambio político, que permite afrontar cualquier desafío y adversidad de la Nación.

Agenda

  • Las condiciones de emergencia nacional han provocado un amplio debate sobre el cuantioso financiamiento público que reciben los partidos políticos para sufragar sus gastos ordinarios y de campaña; y la eliminación de legisladores plurinominales, proponiéndose que los recursos que ambas acciones liberen se destinen a apoyar a los damnificados de los sismos; las encuestas, aprueba esta medida con el 66%. Empero la pregunta es ¿cómo sufragarán los partidos políticos los costos de sus estructuras y como se controlaría la procedencia de los recursos? ¿Se trata acaso de privatizar las elecciones?
  • Este momento de emergencia Nacional, reclama del sistema de partidos, construir un acuerdo político en materia electoral que valore los principios de representación, de división de poderes y la vigencia del sistema de pesos y contrapesos.

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Por Esteban Ángeles Cerón, RRC

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