Listas leyes secundarias en Congreso para el SEA – Por Jocelyn Andrade (La Crónica)

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Aprobó el Congreso local el primer paquete de leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), entre las que destacan: la Ley del Sistema, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público y Ley del Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Luis Baños Gómez, las reformas en materia anticorrupción pretenden recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Con estas modificaciones a diversas leyes y creación de otras, se armonizó la legislación local con lo establecido en la ley general que creó el SEA, la cual dijo, no es un cheque en blanco para nadie, es una opción para eliminar los “moches y las michas”.

Además solicitó a sus compañeros entrar también en la discusión del fuero, pues forma parte de la transformación de las instituciones que pretende crear dicho sistema.

SISTEMA. Según el dictamen de esta ley, el SEA tiene como objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre autoridades del estado y ayuntamientos para prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la participación del Estado en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización.

El sistema estatal estará conformado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana y cinco municipios que serán representados por sus contralores.

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre quienes integran el SEA y de éste con el sistema nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Integrarán este órgano un representante del comité de participación ciudadana, que los presidirá el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y cinco titulares de Contralorías Municipales.

En tanto para el Comité de Participación Ciudadana tendrá el objetivo de coadyuvar, en términos de esta ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del SEA.

Este comité estará integrado por cinco ciudadanos que durarán cinco años en su encargo sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.

Para su elección el Congreso constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve ciudadanos hidalguenses, quienes emitirán una convocatoria pública para seleccionar a los integrantes.

La Secretaría Técnica será un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, misma que tendrá su sede en la ciudad de Pachuca y contará con una estructura operativa y presupuesto para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, los cuales serán fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal.

LEY ORGÁNICA. Como parte del paquete de reformas para la implementación de este sistema se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual otorga nuevas facultades a la Secretaría de la Contraloría.

De acuerdo con el dictamen se faculta a la Contraloría de conocer actos u omisiones de servidores públicos que puedan afectar el buen desempeño de su cargo o comisión, para sancionar administrativamente, turnar a la autoridad competente o realizar cualquier denuncia ante la instancia correspondiente para lograr un mejor ejercicio del servicio público en la entidad.

Además deberá informar al titular del Poder Ejecutivo o al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que estos conozcan el funcionamiento del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos, como una medida para corregir irregularidades detectadas, mientras que los órganos internos de control de las instituciones públicas dependerán de la Secretaría de Contraloría.

También revisará el contenido de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales de los servidores públicos a través de investigaciones o auditorías que verifiquen la evolución del patrimonio de los declarantes, con el ánimo de identificar prácticas indebidas, así como convertirse en un observatorio para los ciudadanos.

PODER JUDICIAL. La reforma en este ámbito establece la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual será el encargado de dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Descentralizados con funciones de autoridad.

TRIBUNAL. Al haberse creado el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, también se expidió la ley mediante la cual se regirá para el cumplimiento de todas sus funciones.

Esta legislación regula el procedimiento en los juicios fiscales y administrativos que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa y se susciten entre particulares y autoridades estatales.

MINISTERIO PÚBLICO. En este ordenamiento fue modificado el artículo 15 Bis, para establecer que “la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, es el órgano con autonomía técnica y operativa con facultades para investigar, combatir y prevenir hechos que la ley señale como delitos de corrupción”.

Además se establecieron las facultades del procurador con relación al Sistema Estatal Anticorrupción, así como el procedimiento a las ausencias temporales o definitivas de los fiscales especializados.

Para complementar el SEA aún falta por aprobar algunas modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las cuales deben aprobarse antes del 15 de julio.

Por Jocelyn Andrade, La Crónica

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